El 11 de diciembre de 2007, se formalizó la creación del Fideicomiso 2125 Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación participa como Fideicomitente.
Dicho Fondo constituye un proyecto que canaliza y otorga recursos y apoyos técnicos y económicos, a las personas, instituciones e instancias que determine su Comité Técnico, para diseñar, elaborar y realizar los proyectos, estudios o programas de alcance nacional o regional que prevean actividades estratégicas para el fortalecimiento y modernización de los órganos de impartición de justicia en el país en los tres niveles de gobierno.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, dentro del sistema de impartición de justicia en el país ha realizado una serie de estudios con la finalidad de recabar datos que permitieran un adecuado desarrollo del sistema de justicia.
De tal manera, a finales del año 2007, la SCJN constituyó, con una aportación de $300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), el Fideicomiso 2125, denominado Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia (Fondo Jurica), para canalizar y otorgar recursos a las personas, instituciones e instancias que diseñen, elaboren y realicen proyectos, estudios o programas de alcance nacional o regional que prevean actividades estratégicas para el fortalecimiento y modernización de los órganos de impartición de justicia en el país, en los tres ámbitos de gobierno. Con motivo de este propósito a principios del mes de febrero de 2008, el Poder Ejecutivo Federal aportó al Fondo Jurica $300,000,000.00 (Trescientos millones de pesos 00/100 M.N.), por lo que los recursos del fideicomiso ascendieron entonces a $600,000,000.00 (Seiscientos millones de pesos 00/100 M.N.)
Una vez formalizado el contrato de fideicomiso en referencia, el 31 de enero de 2008 se constituyó el Comité Técnico del Fondo Jurica que, entre otras atribuciones, le corresponde aprobar el financiamiento de los proyectos, estudios o programas de alcance nacional o regional que prevean actividades inherentes al fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia.
Objetivos
Canalizar y otorgar recursos a las personas, instituciones e instancias que determine el Comité Técnico conforme a las Reglas de Operación, para diseñar, elaborar y realizar los proyectos, estudios o programas de alcance nacional o regional que prevean actividades estratégicas para el fortalecimiento y modernización de los Órganos de Impartición de Justicia en el país en los tres niveles de gobierno y, desde luego, la administración misma de los recursos que integran el patrimonio del Fondo Jurica.
El fin último del Fondo es contribuir al desarrollo del Sistema Nacional de Justicia permitiendo financiar aquellos proyectos que no se podrían llevar a cabo de otra manera, siempre que alcancen y tomando en cuenta los siguientes criterios:
a) Horizontalidad, proyectos que cubren varias regiones.
b) Verticalidad, porque están involucrados los distintos ordenes de gobierno.
c) Profundidad, por la pluralidad de jurisdicciones.
MISIÓN:
Brindar un servicio útil, confiable, eficiente y transparente a los órganos Impartidores de justicia del país y a sus asociaciones para facilitar su acceso directo a recursos técnicos y financieros, nacionales o internacionales, para el desarrollo y aplicación de programas, estudios y proyectos estratégicos de alcance regional o nacional, que contribuyan a la consolidación de un Sistema Nacional de Impartición de Justicia que merezca la confianza y la credibilidad social, mediante el fortalecimiento y modernización de sus integrantes.
VISIÓN:
Ser un vehículo de apoyo técnico y financiero que permita generar y ofrecer una serie de alternativas novedosas que contribuyan al fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia del país, a través de la constante identificación de necesidades y de áreas de oportunidad, basada en la mejora permanente mediante la evaluación del impacto y el valor agregado de los recursos asignados.
Secretaría Técnica
Atención, Registro y Trámites de Solicitudes de Financiamiento
Definición:
El Fondo Jurica tiene dos ámbitos fundamentales de operación y uno más de evaluación:
El primero de ellos está dirigido hacia la operación del Fideicomiso, como una sección de trámite, a la que se identifica como la Atención, Registro y Trámites de Solicitudes de Financiamiento.
La Atención, Registro y Trámites de Solicitudes de Financiamiento requiere de una persona que tendrá bajo su cargo la recepción, registro, trámite, archivo y custodia de las solicitudes y la documentación de los archivos que remitan los solicitantes del financiamiento de proyectos. Es su responsabilidad la dictaminación de las solicitudes, en cuanto al cumplimiento de forma y requisitos se refiere, se encarga de la relación directa con los solicitantes, ya sea para integrar sus expedientes y solicitudes o para requerirles mayor información e incluso para brindarles asesoría y consejo para que sus proyectos puedan tener éxito. Si bien es un área de orientación, su misión fundamental es el trámite de cada expediente.
Funciones:
Recibe, registra, tramita, archiva y custodia las solicitudes y la documentación de todos los archivos de los solicitantes.
Dictamina solicitudes, en cuanto al cumplimiento de forma y requisitos.
Mantendrá relación directa con los solicitantes, ya sea para integrar sus expedientes y solicitudes o para requerirles mayor información e incluso para brindarles asesoría y consejo para que pueden tener éxito sus proyectos.
Dará seguimiento a los expedientes, desde que ingresan como solicitud y hasta que se resuelven en definitiva, incluido su dictamen previo y turno al Subcomité correspondiente.
Recibirá los dictámenes del Subcomité.
Fungir como secretario de actas del Subcomité Técnico:
Convocar y llevar el orden del día.
Levantará y dará seguimiento a los acuerdos.
Dará cumplimiento y cuenta hasta que el Subcomité cierre su trabajo de tal forma que este listo para dictaminar.
Gestionará y desahogará todas y cada una de las decisiones y peticiones del Subcomité Técnico.
Integrará la propuesta final para su elevación al Comité Directivo.
Administración de proyectos
Definición:
Una gran labor del Fondo Jurica durante 2008 fue la gestión de solicitudes de financiamiento. En 2009 se tienen contratos y proyectos en marcha que requieren de una administración profesional para su debida operación, pago y supervisión. Ha sido sugerencia del propio fiduciario, el contar con una previsión para cuidar los aspectos de administración, destinando una persona de tiempo completo para ello, con los apoyos pertinentes.
Funciones:
Administrará los contratos que antes fueron proyectos.
Registrar en coordinación con la Administración de Proyectos los contratos del FJ.
Registrar las fechas de pago, planes de acción, tiempos de entrega y condiciones de pago a los proyectos
Dar seguimiento a las transferencias desde la fiduciaria y revisar el cumplimiento de los requisitos para el trámite y gestión de pago.
Revisar los movimientos reflejados en los estados financieros del FJ, informando oportunamente a la Secretaría Técnica sobre los mismos.
Administrar con transparencia los recursos financieros, humanos y materiales del FJ.
Elaborar conjuntamente con la Pro secretaría, el plan de acción del FJ.
Gestionar los servicios y materiales consumibles necesarios para el desempeño de las funciones de la oficina, considerando los Lineamientos del Fondo Revolvente y los demás aplicables.
Elaborar y mantener actualizado el inventario de los bienes al servicio del FJ.
Realizar todo trámite de contratación del FJ, previo acuerdo con la Secretaría Técnica.
Administrar el fondo revolvente que fue autorizado por el Comité Técnico.
Coordinar la “mesa de contratos” con los beneficiarios del Fondo Jurica y la Fiduciaria.
Supervisar el cumplimiento de cada contrato o proyecto.
Fungir como el enlace administrativo con cualquier área del PJF.
Evaluación y seguimiento de resultados
Definición:
Transparencia Mexicana, la Fiduciaria, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la propia SCJN han insistido en contar con un sistema permanente de Seguimiento y Evaluación de Proyectos. No se trata de la auditoria por cada contrato, sino de la valoración permanente sobre la totalidad de las decisiones y acciones adoptadas , para medir el impacto que han tenido para el “fortalecimiento y modernización” de la justicia como fin esencial del FJ.
Es un mecanismo integral, sistemático, permanente y cuya finalidad es aportar insumos de valoración, para la toma de decisiones futuras.
Funciones:
Generar una propuesta de metodología de evaluación y seguimiento.
Implementar los sistemas que se deriven de lo anterior.
Generar un informe periódico de resultados.
Presentar recomendaciones a la Secretaría Técnica y al Comité Técnico por su conducto.
Sugerir las auditorias o verificaciones que considere convenientes.
Generar un informe anual, para presentarlo al Comité Técnico.
Prestar toda asesoría e información que le solicite la Secretaría Técnica o la Pro Secretaría.
Pro Secretaría Técnica
La Pro Secretaría se encarga de un segundo nivel de operación, que es la relación del Fondo Jurica con el Comité Técnico.
Funciones:
Recibir los proyectos ya dictaminados por parte de la Atención, Registro y Trámites de Solicitudes de Financiamiento para integrar las carpetas, las convocatorias, y la demás documentación relacionada directamente con el Comité Técnico del Fondo Jurica
Registrar el libro de actas, las listas de asistencia, la preparación y seguimiento de los acuerdos del Comité Técnico y el auxilio en general que pueda brindar a la Secretaría Técnica.
Programar y vigilar las políticas y estrategias de Imagen e Identidad del Fondo Jurica
Proponer y conducir las acciones de los planes de Relaciones Publicas y difusión del Fondo Jurica
Representar a la Secretaría Técnica en eventos relacionados al Fondo Jurica, cuando sea necesario
Administrar y dar seguimiento a los objetivos planteados para el funcionamiento del Comité
Creación y aplicación del Manual de Identidad del Fondo Jurica con la finalidad de darle una personalidad, que permita ofrecer una credibilidad, confianza y apoyo para el órgano impartidor de justicia.
Desarrollar programas y campañas de transparencia, difusión y publicidad institucional en la medida que sea posible, para expandir los resultados y proyectos del FJ.
Coordinación de la Logística para las Sesiones de Comité
Mantener el directorio global de los impartidores de justicia, de los solicitantes, de los beneficiarios, de los órganos y universidades, institutos, autoridades etc, que pudieran llegar a tener relación con el Fondo Jurica.
Coadyuvar con el Secretario Técnico en la coordinación de la Gestión de Solicitudes de Financiamiento o Protocolos Técnicos, Administración de Proyectos y la Evaluación y Seguimiento.
Declaración Jurica
Los integrantes del sistema nacional de impartidores de justicia, compuesto por los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales de las Entidades Federativas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, el Tribunal Superior Agrario, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los tribunales electorales y de lo contencioso administrativo, las juntas locales de conciliación y arbitraje y los tribunales federal y locales de conciliación y arbitraje.
Considerando
Que los impartidores de justicia de la República Mexicana constituimos una comunidad que responde a los mismos postulados constitucionales y compartimos los mismos objetivos y aspiraciones.
Que la impartición de justicia en nuestro país es un sistema compuesto por las respectivas funciones y responsabilidades de cada uno de los órganos de impartición de justicia integrantes del mismo.
Que nuestro Estado Constitucional requiere de poderes judiciales y órganos jurisdiccionales autónomos, profesionales y fuertes para garantizar el derecho de acceso a la tutela jurisdiccional efectiva consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Que los diagnósticos y conclusiones recogidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación a partir de la Consulta Nacional sobre una Reforma Integral y Coherente del Sistema de Impartición de Justicia en el Estado Mexicano han sido compartidos, analizados y discutidos por la comunidad de impartidores de justicia del país para conjuntamente delinear una agenda judicial que responda a las inquietudes e insatisfacciones de la sociedad mexicana.
Que la impartición de justicia es un valor central para la vida democrática y una condición indispensable para su desarrollo.
Reconociendo
Que las diferentes asociaciones formadas por los impartidores de justicia del país han generado resultados muy positivos para consolidar la vida institucional.
Las aportaciones de la "Declaración de la Ciudad de México" emitida por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos y otras declaraciones que le antecedieron.
Los avances logrados por los poderes judiciales y organismos jurisdiccionales del país durante los últimos diez años.
Que no todos los progresos están articulados, aunque se presentan diversos grados de avance.
Que los órganos de impartición de justicia laboral realizan una importante función social y que resulta necesario llevar a cabo acciones tendentes a perfeccionarlos para que se encuentren en condiciones de cumplir cabalmente su encomienda constitucional.
Que las experiencias exitosas obtenidas en forma aislada deben ser conocidas y compartidas por la comunidad de impartidores de justicia.
Que los desarrollos tecnológicos deben ser compartidos y compatibles para redundar en beneficio del sistema de impartición de justicia en su conjunto.
Que los esfuerzos emprendidos en materia de reclutamiento, selección, capacitación y profesionalización de los impartidores de justicia deben tener objetivos comunes.
Que la imparcialidad y neutralidad consustanciales a la función jurisdiccional implican en una de sus facetas el apartidísmo político de la impartición de justicia.
La activa participación internacional de juzgadores mexicanos en organizaciones que agrupan a impartidores de justicia.
La poca confianza ciudadana hacia los órganos de impartición de justicia.
Las limitaciones existentes para el adecuado desarrollo de los órganos impartidores de justicia en el país.
Convencidos
Que los poderes judiciales, los órganos jurisdiccionales y los miembros de la comunidad de impartidores de justicia están llamados a proporcionar certeza, seguridad y solidez institucional en todo momento, pero particularmente en momentos de renovación de los otros poderes.
Ratificamos
Nuestro compromiso con los valores esenciales de la democracia, sabiéndonos pieza fundamental del Estado Constitucional.
Nuestro compromiso con un sistema de impartición de justicia con pleno acceso para todos los mexicanos.
Nuestro compromiso con transparentar nuestro quehacer mediante el establecimiento de reglas comunes para los distintos órganos impartidores de justicia del país.
Nuestro compromiso con la adopción de normas éticas comunes a todos los impartidores de justicia del país.
Nuestro compromiso por establecer parámetros de desempeño compatibles y en la medida de lo posible comunes para los distintos órganos jurisdiccionales y los diversos impartidores de justicia del país.
Nuestro compromiso por mantenernos ajenos y por encima de las contiendas político-partidistas.
Convenimos en
Establecer un mecanismo para la consulta y el diálogo permanentes entre los impartidores de justicia del país, para lo cual realizaremos las acciones necesarias para consensar, en el corto plazo, el establecimiento de una Asociación Nacional de Impartidores de Justicia.
Establecer un mecanismo que permita dar seguimiento a los acuerdos específicos a que hemos llegado durante este Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia.
Difundir la presente declaración entre nuestros agremiados, los miembros de nuestros tribunales y, de manera general, a los habitantes del país.
Establecer un Código de Ética Nacional para los impartidores de Justicia.
Adoptar las mejores prácticas existentes en materia de transparencia judicial, con miras a fortalecer la rendición de cuentas.
Elaborar una agenda judicial que abarque el conjunto del sistema de impartición de justicia a nivel nacional y que contenga políticas a corto, mediano y largo plazo.
Adoptar todas las medidas a nuestro alcance para lograr y preservar la autonomía e independencia de los órganos jurisdiccionales y sus miembros.
Hacer un llamamiento a los miembros de los distintos foros de abogados postulantes para que su actuar se profesionalice y ajuste a las directivas éticas que requiere un sistema de impartición de justicia que merezca la confianza de todos los mexicanos.
Invitar a las instituciones educativas del país a elevar la calidad de la formación profesional de los abogados.
Hacer un llamamiento a las autoridades y a los actores políticos para que refrenden su vocación democrática y en consecuencia se comprometan a acatar los fallos de la justicia y respetar las garantías de los juzgadores, convencidos de que sólo así podremos consolidar el Estado de Derecho en el cual todos aspiramos vivir.
Ratificar nuestro compromiso por mejorar la calidad de la impartición de justicia en México, teniendo como objetivo primordial al justiciable.
Emprender de inmediato las acciones concretas siguientes:
Levantar un censo de todos los impartidores de justicia del país.
Establecer un Sistema Nacional de Capacitación Judicial como instrumento para la preparación y actualización de los impartidores de justicia del país.
Convocar a las instituciones de educación de mayor prestigio en la rama jurídica para elaborar conjuntamente un programa de reclutamiento para los poderes judiciales de los egresados de excelencia.
Levantar un inventario de infraestructura y necesidades tecnológicas que abarque todos los órganos de impartición de justicia del país, para lo cual se publicará, a partir de 2006, el Anuario de la Justicia en México.
Proponer la creación de nuevos fondos para el fortalecimiento de los órganos impartidores de justicia destinados a financiar gasto de inversión.
Establecer bases de colaboración entre los órganos impartidores de justicia para intercambiar información, capacitación y experiencias en la implementación de desarrollos tecnológicos.
Sentar las bases para la creación de una red nacional de información judicial que incluya elementos de estadística bajo un formato común, que permita la creación de un
Sistema Nacional de Medición del Desempeño Judicial.
Realizar una evaluación objetiva, basada en datos empíricos, para medir el impacto del amparo directo en el conjunto del sistema de impartición de justicia.
Elaborar una propuesta de reforma constitucional y legal que faculte a los Tribunales Colegiados de Circuito a rechazar de plano aquellas demandas de amparo directo que no revistan importancia y trascendencia. Los supuestos de importancia y trascendencia al ser establecidos legalmente serán analizados por los integrantes de la mesa en enero de 2006.
Adoptar medidas para el fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas.
Fortalecer la autonomía e independencia de los tribunales administrativos.
Difundir entre todos los asistentes a este Primer Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia el avance en el cumplimiento de las anteriores acciones a más tardar el 15 de junio de 2006.
Generar un mecanismo institucional que permita el diálogo y la consulta permanente entre los órganos impartidores de justicia.
Hacer un esfuerzo para homogeneizar los procesos de modernización de los órganos judiciales locales.
Elaborar estrategias y políticas de comunicación del sistema nacional de impartición de justicia.
Analizar la situación de la justicia constitucional en las entidades federativas
Establecer contactos permanentes entre los impartidores de justicia federales y los de las entidades federativas para discutir y analizar asuntos de trámite en materia de amparo directo y difundir los resultados de este encuentro.
Convencidos de que así contribuimos al fortalecimiento de nuestro Estado Constitucional y considerando, reconociendo y ratificando lo aquí asentado, lo convenimos y suscribimos en la Ex Hacienda de Jurica, Estado de Querétaro el día 2 de diciembre de 2005.
Declaración Jurica.
Declaración Chapultepec
Los integrantes del sistema nacional de impartidores de justicia, compuesto por los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los Poderes Judiciales de la Entidades Federativas, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, los Tribunales Electorales de las Entidades Federativas, el Tribunal Superior Agrario, la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, las Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje y los Tribunales Federal y locales de Conciliación y Arbitraje.
Considerando
Que en la Declaración de Jurica de diciembre de 2005 reconocimos que los impartidores de justicia de la República Mexicana constituimos una comunidad que responde a los mismos postulados constitucionales y compartimos los mismos objetivos y aspiraciones.
Que durante 2006 se han desarrollado una serie de acciones que demuestran el potencial de una colaboración permanente entre los órganos de impartición de justicia del país para mejorar su funcionamiento y desempeño.
Que el "Libro Blanco de la Reforma Judicial" contiene un diagnóstico y una agenda para orientar las acciones que conduzcan a una reforma judicial integral sustentada en una amplia consulta nacional en la que participó de manera amplia la comunidad jurídica nacional.
Que el diseño constitucional obliga a una estrecha colaboración y coordinación entre los Poderes Legislativos, Ejecutivos y Judiciales, federal y estatales, para diseñar, conducir e implementar esta reforma integral en sus diferentes dimensiones.
Que el Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha convocado a un Acuerdo Nacional para una Reforma Judicial.
Que el Presidente electo de los Estados Unidos Mexicanos se ha comprometido a impulsar, con pleno respeto a la división de poderes, una reforma judicial en el país.
Reconocemos
La conveniencia de aprovechar las experiencias y sinergias existentes entre los órganos de impartición de justicia del país y el beneficio de generar mecanismos permanentes e institucionalizados de colaboración entre ellos.
Que no ha existido un proceso sistemático de diseño, implementación y evaluación de las políticas judiciales.
Que existe una profunda desconfianza de la sociedad mexicana en el sistema de justicia penal.
Que resulta necesario definir con mayor claridad los objetivos, características y alcances de la reforma del sistema de justicia penal.
Que los avances logrados por el grupo de trabajo en materia de amparo directo son significativos pero se requiere proseguir para lograr un consenso en torno a las reformas que contribuya al fortalecimiento de los poderes judiciales de las entidades federativas.
Que es necesario alcanzar altos estándares de ética profesional en el ejercicio de la función jurisdiccional.
Que la transparencia es más que el acceso a la información supone maximizar el uso público de la información en beneficio tanto de los órganos impartidores de justicia, como de los usuarios del sistema de justicia.
Que la transparencia total no es posible ni deseable, pues existen circunstancias que justifican que cierta información se reserve del conocimiento público, ya que puede afectar otros valores jurídicamente tutelados, tales como el derecho a la intimidad o la protección al patrimonio de las personas.
Que en un Estado democrático la transparencia debe ser parte de la cultura tanto de los ciudadanos como de los servidores públicos y de los medios de comunicación. En particular estos últimos tienen un deber para usar de manera éticamente responsable la información a la cual tienen derecho.
Que un presupuesto suficiente es una condición necesaria para el funcionamiento adecuado de los órganos de impartición de justicia .
Que la unidad de jurisdicción no es un fin en si mismo y sólo se justifica cuando contribuye a fortalecer en forma sustancial la independencia, eficiencia y el acceso de los órganos impartidores de justicia.
Recomendamos
Asegurar la participación de los órganos impartidores de justicia en el diseño de los instrumentos legislativos y presupuestarios que tengan impacto en la actividad jurisdiccional.
Tomar en consideración las preocupaciones legislativas y presupuestales expresadas por los Tribunales Superiores de Justicia de las entidades federativas en materia de justicia de menores y narcomenudeo.
Proponer la creación de fondos federales destinados de manera específica al fortalecimiento de los Poderes Judiciales Estatales, mediante los mecanismos de coordinación que resulten pertinentes.
Garantizar que los procesos penales cumplan con los principios de concentración, inmediación, contradicción y publicidad.
Exhortar a los órganos de impartición de justicia a expedir, con base en el Código Modelo aprobado, sus Códigos de Ética Judicial, según lo propone la Acción 32 del Libro Blanco de la Reforma Judicial.
Enfatizar el desarrollo y capacitación en materia de mediación y conciliación como una forma de fortalecer al sistema de impartición de justicia.
Propiciar una reflexión conjunta entre los impartidores de justicia respecto de los contenidos específicos de las disposiciones legislativas en materia de transparencia y acceso a la información, así como considerar la elaboración de un reglamento modelo en materia de transparencia judicial.
Proseguir con las reuniones regionales entre impartidores de justicia del Poder Judicial de la Federación y otros órganos de impartición de justicia para identificar, atender y proponer soluciones a los problemas cotidianos que se generan en materia de amparo directo.
Capacitar a los funcionarios jurisdiccionales para facilitar su interacción con los medios de comunicación y en general con la sociedad, así como incorporar un módulo de ética en el diplomado de periodismo judicial.
Asegurar que los tribunales de lo contencioso administrativo gocen de las garantías judiciales: independencia, suficiencia presupuestaria, nombramiento de magistrados, permanencia en el cargo, salarios dignos sin posibilidad de reducción, carrera judicial y haber de retiro.
Promover la creación de tribunales de lo contencioso administrativo en todos los Estados de la República.
Impulsar las reformas constitucionales y legales para consolidar la existencia, integración, funcionamiento, permanencia e independencia de los órganos electorales jurisdiccionales a nivel federal y local.
Fortalecer a los órganos impartidores de justicia laboral, en los ámbitos federal y local, respecto de su autonomía administrativa y presupuestaria; en el uso de tecnología; en vínculos externos de comunicación y diálogo entre tribunales, así como profesionalización y capacitación.
Evaluar el funcionamiento de la justicia laboral para ponderar su diseño, desempeño y eficacia y presentar las alternativas para su reforma, según lo propone la Acción 28 del Libro Blanco de la Reforma Judicial.
Tomar como referencia para la generación de datos estadísticos confiables en materia de justicia laboral el estudio aplicado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para evaluar el desempeño de 12 Juntas Locales de Conciliación y Arbitraje.
Acordamos
Impulsar el establecimiento de un Acuerdo Nacional para la Reforma Judicial en el que participen todos los Poderes del Estado, así como las instituciones académicas, asociaciones profesionales y organizaciones de la sociedad civil con objeto de cabal cumplimiento al mandato del artículo 17 Constitucional.
Constituir la Asociación de Órganos Impartidores de Justicia del Estado Mexicano, conforme a las bases que se establecen en el documento anexo a estas conclusiones.
Crear, en el seno de la Asociación de Órganos Impartidores de Justicia del Estado Mexicano, las comisiones de trabajo que resulten necesarias para el cumplimiento de sus fines, en particular en materia de perfil de los juzgadores, simplificación judicial, desarrollo de tecnologías de la información, amparo directo, políticas judiciales, ética judicial y justicia penal.
Aprobar el Código Modelo de Ética Judicial para los impartidores de justicia de los Estados Unidos Mexicanos.
Desarrollar durante 2007 el siguiente Plan de Acción
1.
Elaborar el Anuario Judicial 2006, el cual deberá incluir un apartado especial en materia de amparo directo. Se realizará el mayor esfuerzo posible para que ese Anuario incorpore datos de los tribunales electorales, administrativos y laborales.
2.
Presentar en un plazo no mayor a 4 meses los resultados de las deliberaciones del grupo de amparo directo.
3.
Elaborar un estudio comparativo de los modelos de reforma judicial en materia penal en las entidades federativas.
4.
Intensificar las acciones de capacitación a nivel nacional, encabezadas por el Instituto de la Judicatura Federal, en las que participen funcionarios de los órganos impartidores de justicia del país. En particular, se procurará que el Diplomado en Periodismo Judicial se imparta en todo el país, utilizando la red de Casas de la Cultura Jurídicas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
5.
Adoptar las acciones necesarias para que los órganos de impartición de justicia del país participen y se beneficien del Canal Judicial.
6.
Presentar las conclusiones y recomendaciones del II Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia y el Libro Blanco de la Reforma Judicial en la Comisión Nacional de Gobernadores y en la Asociación Nacional de Legisladores Locales.
7.
Promover las acciones necesarias para que se tomen en consideración las preocupaciones de los Tribunales Superiores de Justicia en materia de justicia de menores y narcomenudeo. Para tal efecto se preparará un documento en el que se puntualicen los problemas que se advierten a propósito de las reformas.
8.
Propiciar el establecimiento de nuevos fondos federales o el uso de los existentes para fortalecer la capacidad operativa de los Poderes Judiciales Estatales.
Que el III Encuentro Nacional de Impartidores de Justicia se celebre en el Estado de Yucatán. Quedó asimismo acordado en principios que las sedes para 2008 y 2009 serán respectivamente los Estados de Nuevo León y Sonora.
Fideicomiso 2125 Fondo Jurica
Contrato de fideicomiso de administración revocable que celebran por una parte, la suprema corte de justicia de la nación, en lo sucesivo la “Fideicomitente”, representada en este acto por su presidente, señor ministro Guillermo Iberio Ortiz Mayagoitia, y por lastra, el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución fiduciaria.
Reglas de operación
Reglas de operación, para diseñar, elaborar y realizar los proyectos, estudios o programas de alcance nacional o regional que prevean actividades estratégicas para el fortalecimiento y modernización de los órganos de impartición de justicia en el país, en los tres ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), así como cualquier otro tipo de actividad similar que el Comité Técnico decida apoyar para el fortalecimiento y modernización de la impartición de justicia en el país.
Lineamientos de contrataciones
El Fondo Nacional para el Fortalecimiento y Modernización de la Impartición de Justicia “Fondo Jurica” nace como un vehiculo para recibir y administrar recursos para financiar proyectos, estudios o programas de alcance nacional o regional que incidan en el fortalecimiento y modernización de los órganos impartidotes de justicia del país.
